UCR pide no aprobar proyecto de ley que modificaría artículo 85 de la Constitución Política
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) le pidió a la Asamblea Legislativa no aprobar el Proyecto de Ley que pretende adicionar un párrafo final al artículo 85 de la Constitución Política, para que las universidades públicas destinen no menos del 30% de su presupuesto a las Sedes Regionales.
El Órgano Colegiado manifestó que esa iniciativa, que se tramita con el expediente 20.852, violenta los artículos 84 y 85 de la Carta Magna, y atenta contra las capacidades otorgadas, constitucionalmente, a las universidades estatales, para que, de manera fundamentada y sustentada en el Plan Nacional de Educación Universitaria Estatal (PLANES), definan la distribución presupuestaria que les permita cumplir con las funciones que la misma Constitución les ha asignado.
“La distribución de recursos responde a un proceso de planificación, basado en objetivos y proyectos dispuestos en el Plan Operativo Institucional, en estricto apego a los principios establecidos por la Contraloría General de la República. Por el contrario, el Proyecto de Ley violenta los principios de flexibilidad, economía, eficacia y eficiencia en la administración y planificación de los recursos públicos, desde una visión limitada sobre la complejidad de la realidad de las universidades públicas”, destacó.
Añadió que el porcentaje propuesto se estableció de manera arbitraria, sin fundamentos sólidos, ni diagnósticos u otros estudios que lo respalden, y parte de la premisa de que las universidades públicas no dedican suficientes recursos para las diferentes regiones, y que todas estas instituciones tienen las mismas necesidades.
“La iniciativa de ley obvia que el presupuesto es la expresión numérica de las decisiones que, constitucionalmente, son competencia única de las universidades estatales”, añade el acuerdo del Consejo Universitario.
Al mismo tiempo, resaltó que de aprobarse la propuesta afectaría el funcionamiento del sistema universitario como un todo: programas de docencia, investigación y acción social para la generación y transferencia del conocimiento, sistema de becas, movilidad estudiantil internacional, etc.
El Órgano Colegiado recalcó que, además de no tomar en cuenta lo establecido en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en cuanto al equilibrio y correspondencia que debe existir entre los planes, la formulación presupuestaria y el uso de los recursos, la propuesta legislativa restringe la capacidad de las universidades estatales de ejercer con libertad sus funciones.